Federación Trabajando en Positivo | Madrid

Las personas con VIH, por el estigma social asociado al VIH y al sida, tienen dificultades para acceder al mercado laboral y permanecer en él, inclusive pese a que la legislación española vigente les ampara. Así lo demuestran los cuatro informes que hoy ha presentado públicamente la Federación Trabajando en Positivo en el CaixaForum de Madrid con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo y como parte de la campaña de sensibilización: «Eliminando obstáculos, construyendo empleo».

Las conclusiones son reveladoras, por ejemplo, el primer informe, sobre las profesiones limitadas a personas con VIH en España, explica que, legislativamente, el único trabajo que se encuentra restringido de forma específica y general es la prestación de servicios de seguridad privada. Sin embargo, explica Julio Gómez Caballero, de la Federación Trabajando en Positivo, esta limitación no corresponde con el resto de la legislación española, ni con los criterios de organismos internacionales, ni con el conocimiento científico sobre el VIH y su transmisión, por lo que «ninguna profesión debería estar limitada», enfatiza.

Además de lo anterior, existe una recomendación dirigida a extremar las medidas de prevención y valorar el riesgo en aquellas profesiones sanitarias en las que se realizan procedimientos invasivos predisponentes a exposiciones (PIPES), como por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas en las que el personal sanitario pierde la visión de sus manos o puntas de los dedos mientras utiliza instrumentos cortantes. No obstante, en estos casos, el personal sanitario tiene la obligación de seguir protocolos muy claros para evitar la trasmisión del virus.

En suma, el primer informe presentado confirma que, en ningún caso, el desempeño de una profesión por parte de una persona con VIH expone a terceras personas a la transmisión del virus. Además corrobora que las personas con VIH tienen las mismas capacidades y aptitudes que cualquier otro profesional para el desempeño de su labor y solo las personas diagnosticadas de sida pueden tener limitada su capacidad laboral en función de la evolución de la enfermedad, la gravedad de la misma y frecuencia de sus manifestaciones clínicas en profesiones relacionadas con el embarque marítimo; el Cuerpo Nacional de Policía; las fuerzas armadas (Guardia Civil y ejército) y el cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias. No obstante, no sería justificable que personas con VIH en fase asintomática fueran excluidas del ejercicio de estas profesiones.

Por todo lo anterior, otro de los informes sobre el riesgo de transmisión del VIH a través de profesiones relacionadas con la manipulación de alimentos, expone que las personas con VIH no deberían, según la normativa vigente, tener ninguna dificultad en el acceso al trabajo o en su permanencia en él en los ámbitos de la hostelería o de la alimentación, puesto que la evidencia científica indica que el VIH no se transmite a través de los alimentos. «De hecho, si una persona con VIH es despedida del trabajo por este motivo se estaría incurriendo en un acto de discriminación que vulneraría el artículo 14 de la Constitución española, el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 512 del Código Penal» dice Julio Gómez Caballero.

La asesoría jurídica gratuita y confidencial del Observatorio de Derechos Humanos de REDVIH recibe cotidianamente consultas relativas a la vulneración de derechos en el ámbito laboral. Su Informe 2012 indica que el 24% de las consultas del año pasado fueron en este terreno. «Los casos vinculados al mundo del empleo, principalmente se refieren a situaciones de despido, realización del test del VIH en pruebas de acceso y revisiones médicas (a veces sin autorización), violaciones de la confidencialidad, cambios en las condiciones laborales, barreras para optar a puestos de trabajo o negativas a renovar contratos», comenta Joan Bertran de Bes, técnico del observatorio.

En la misma línea, un tercer informe se centra en la vulneración de derechos que implica la solicitud, por parte de las empresas a los trabajadores o trabajadoras con discapacidad, del Dictamen Técnico Facultativo (además de la resolución y el certificado de discapacidad correspondiente). «En ningún caso y en ningún momento es necesario ni ajustado a ley que las empresas ni los servicios de empleo de las administraciones públicas soliciten el Dictamen Técnico Facultativo al trabajador o trabajadora para acreditar su condición de persona con discapacidad o para valorar sus capacidades. Entre otras cuestiones, para evitar situaciones de discriminación por razón de enfermedad que se puedan derivar del manejo de datos de carácter personal relativos a la salud de la persona por profesionales que no sean médicos o sanitarios sujetos al deber de secreto profesional», argumenta Julio Gómez.

Por último, un cuarto informe defiende la rentabilidad tanto económica como social de apostar por programas de apoyo y orientación laboral hacia personas en situación de exclusión social. Para ello, el informe muestra los resultados del programa «Construyendo el futuro de las personas en riesgo de exclusión social a través del empleo», promovido por la federación a través del que se apoyó a 549 personas diferentes y se favoreció la inserción laboral de 55 personas que provenían de una situación de grave exclusión social. «La integración laboral de este perfil de personas beneficia no solamente a estas, ya que les proporciona autonomía y estabilidad, sino también a los organismos públicos porque repercute en la dependencia económica que estas personas pueden adquirir debido a su situación de desempleo y carencia de recursos», concluye Julio Gómez.

La campaña de sensibilización «Eliminando obstáculos, construyendo empleo» cuenta con la financiación del Plan Nacional sobre el Sida y con la colaboración de la Obra Social La Caixa.

El equipo de redacción de Saluspot.
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